El Diario de Curwen , noticias Martes, 3 noviembre 2015

A 24 años de una matanza que no podemos olvidar

LIMA, 4 DE NOVIEMBRE DE 1991 CASO BARRIOS ALTOS. SEIS HOMBRES ARMADOS IRRUMPIERON EN UN SOLAR Y ACRIBILLARON A QUINCE PERSONAS -ENTRE ELLAS UN NIÑO DE NUEVE AÑOS-. SE RESPONSABILIZA DE ESTE CRIMEN AL GRUPO COLINA. EN IMAGEN: LOS CUERPOS SON TRASLADADOS A LA MORGUE CENTRAL. FOTO: EL COMERCIO

Foto: Archivo El Comercio

Era una noche cualquiera. Las personas iban y venían por los pasillos, cargando bolsas plásticas reutilizadas hasta más no poder, saludándose unas a otras y recordándose entre comentarios al aire la cita de más tarde. Los perros dormían en la entrada, el verano estaba cerca. El sonido de los viejos peldaños evidenciaba cada vez más el paso del tiempo, la luz de luna, que entraba por las ventanas de vidrios rotos, mostraba miles de partículas de polvo flotando en el aire. En algún lugar del tiempo, esa casona había albergado a las familias más nobles de Lima, pero hoy, no era más que una vieja casa olvidada. Un albergue de familias de provincia, de vendedores ambulantes, de obreros y de cualquiera que no tenía el dinero suficiente para conseguir algo mejor.

Como cualquier casona vieja, los desperfectos abundaban. La luz de los faroles principales había estado apagada por más de cincuenta años, la tierra cubría toda la fachada y los gatos se habían adueñado impunemente de los techos. Pero como si todo esto no fuera suficiente, era el turno de averiarse del sistema de drenaje. Los vecinos, pese a la pobreza, decidieron juntar lo poco que tenían para organizar una improvisada “pollada”, una vieja costumbre peruana de solventar los problemas financieros en base a la solidaridad vecinal, y llamar al viejo gasfitero del vecindario.

Era el 3 de noviembre de 1991. Filomeno León y Manuel Ríos, ambos vecinos de la vieja casona, decidieron llevar a cabo la actividad en búsqueda de fondos para la reparación del drenaje. Manuel, que trabajaba de heladero de Donofrio, le avisó a sus colegas para que asistan también a lo que sería una noche más de cervezas, pollo frito y música en la radio.

Pero las cosas serían diferentes aquella noche.

Poco más de veinte personas conversaban y bebían en el primer piso de la vieja casona. La radio permanecía sintonizada en una vieja emisora de huayno que parecía ambientar muy bien el momento. Los asistentes, en su mayoría colegas de Manuel, disfrutaban del momento mientras que de cuando en cuando, la vecina de al lado los mandaba a callar por el alboroto. Un escenario típico de una noche en Barrios Altos.

Rosa Rojas, una de las vecinas y organizadoras de la pollada, cogió una escoba y un recogedor para limpiar un poco el desastre causado por los asistentes. La entrada estaba llena de tierra y colillas de cigarros. Sin embargo, con el corazón propio de todo hijo, Javiercito se ofreció para realizar la labor. Era un niño de ocho años, Javier Ríos Rojas tenía ocho años cuando se encontraba barriendo la entrada de la vieja casa de Barrios altos.

A las diez y media de la noche llegaron dos camionetas, de las que descendieron unos seis u ocho hombres vistiendo ropa militar y botas de guerra. Dos de ellos traían puestos pasamontañas en el rostro. Después de formarse estratégicamente, cargando las pistolas y las ametralladoras que portaban, uno de ellos gritó: “les tocó la hora”.

El resto es historia.

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Lo que había ocurrido aquella noche sería recordado en la posteridad como “La matanza de Barrios Altos” uno de los tantos crímenes cometidos por el grupo paramilitar Colina, el escuadrón asesino creado por Alberto Fujimori y liderado por Vladimiro Montesinos. A tan solo cincuenta metros de la comisaría de San Andrés, once personas y un niño fueron asesinados a quemarropa por un grupo que, según contarían en su defensa, buscaban matar terroristas. Ciento veinticinco casquillos con aroma a muerte permanecieron en la escena hasta que los cuerpos fueron recogidos, embolsados y trasladados a la morgue.

Santiago Martín Rivas y el resto de miembros del grupo fueron después procesados y condenados por el injustificable asesinato. Según contaron en el juicio, ellos habrían ido tras miembros ocultos de Sendero Luminoso, quienes celebraban otro evento del mismo tipo en el segundo piso de la casona. Pero esto jamás sería verificado, esta historia jamás fue comprobada ni desmentida. La verdad del asunto se resumía en la muerte de personas inocentes y de un niño de ocho años con una escoba entre las manos.

El Grupo Colina fue procesado y condenado por el crimen. Años después, en 1995, una ley de amnistía emitida por el Congreso los dejaría en libertad. 

La jueza Antonia Saquicuray, coincidentemente, iniciaba la investigación por el caso. Cuando ella resolvió que la amnistía emitida no aplicaba para los procesados, la Corte Suprema ordenó el archivo inmediato del caso. 

El viernes 16, el día en que entraba en vigor la ley de amnistía, la jueza Antonia Saquicuray emitió la resolución declarándola inaplicable para el caso de Barrios Altos, previo informe de la fiscal Ana Magallanes, que coincidía con ese dictamen. En los próximos días, la Sala Constitucional de la Corte Suprema tendrá que decidir al respecto, dándole la razón a la jueza o al gobierno que promulgó la norma. Sin embargo, los encausados, sobre los que pesa orden de detención, quizás ya estén fuera del país.

Después de la caída del régimen fujimorista en el 2000, el caso sería reabierto debido a la derogación de la ley de amnistía. Sería la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, quien denunciaría a Alberto Fujimori ante el Congreso como co-autor de la masacre.

“Presentó evidencia que Fujimori, actuando de acuerdo con Vladimiro Montesinos, jefe del SIN, tuvo control sobre el Grupo Colina. La denuncia señala que dicho grupo no hubiera podido cometer crímenes de esa magnitud sin el consentimiento expreso o las órdenes directas de Fujimori, y que tanto la formación como el funcionamiento del grupo Colina fue parte de una política integral de contra insurgencia que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos.”

En el 2009, Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. 

“Fue la primera vez que un presidente democráticamente elegido fue condenado por violaciones a los derechos humanos, en un proceso imparcial e impecable”, señala Jo-Marie Burt, profesora de George Mason University, Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Hoy, martes 3 de noviembre del 2015, recordamos veinticuatro años después de  la masacre, para que nunca más suceda, porque un país que que olvida está condenado a repetir los peores episodios de su historia.